Mala regulación o regulación inexistente. Esta es la conclusión a la que se llega al conocer la situación legislativa en el Estado Español sobre la cerveza artesana. El Real Decreto 678/2016, de 16 de diciembre, que aprueba la norma de calidad de la cerveza y de las bebidas de malta, solo ha servido como tapadera para las grandes cerveceras. Estas se han aprovechado del “boom” de la cerveza artesanal para poder utilizar esta etiqueta cuando en realidad sus productos no están elaborados de forma artesana.
La legislación, que debería servir para proteger el trabajo diario de los pequeños cerveceros, se ha convertido en todo lo contrario. Ha puesto en riesgo los grandes esfuerzos del sector para transmitir una auténtica cultura cervecera entre la población española. La norma en cuestión fue aprobada en el 2016, sin el consenso de los y las empresarias del sector de la cerveza artesanal, pero cuatro años después sigue en vigor.
Imagen de la microcervecería Toutatis en Mallorca
La ambigüedad define los diez artículos que conforman el Real Decreto, firmado por la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En concreto, el artículo 3.4 del texto define la fabricación artesana como el proceso de elaboración en que ”la intervención personal constituye el factor predominante, bajo la dirección de un maestro cervecero o artesano con experiencia demostrable y primando en su fabricación el factor humano sobre el mecánico”
La legislación debería servir para proteger el trabajo diario de los pequeños cerveceros
Las preguntas que uno se plantea leyendo la ley son: ¿A qué se refiere y cómo se evalúa que la intervención personal constituye el factor predominante? ¿Con que criterios se demuestra la experiencia del artesano? ¿Cómo se certifica que en la fabricación ha primado el factor humano sobre el mecánico? ¿Qué significa producir grandes series? ¿Dónde se establece el límite?
Preguntas que generan confusión y no resuelven las cuestiones que deberían permitir diferenciar a los pequeños cerveceros artesanales de las grandes empresas de la cerveza.
Las grandes cerveceras continúan utilizando la etiqueta “artesanal” y muchas de ellas han adquirido un porcentaje del capital societario de microcervecerías
Aunque el Real Decreto 1512/2018, de 29 de diciembre, en el que se estableció una modificación del Impuesto especial de la Cerveza, que se intentó vender como un gran logro para los pequeños productores, en realidad no ha sido así. Esa modificación estableció un incremento de mermas para aquellos que produzcan menos de 5.000 hectolitros anuales y España en la actualidad es de los pocos países de la Unión Europea que no aplica la directiva que permite reducir a la mitad el impuesto sobre la cerveza a aquellas pequeñas cerveceras independientes que producen menos de 200.000 hectolitros anuales.
Las grandes cerveceras continúan utilizando la etiqueta “artesanal” y muchas de ellas han adquirido un porcentaje del capital societario de microcervecerías que en su día fueron independientes pero que ahora están supeditadas a las exigencias de los grandes mercados como por ejemplo en la cadena de distribución.
En la actualidad sigue siendo inexistente una normativa clara donde se diferencien estas grandes compañías de los verdaderos cerveceros artesanales.
¿En todos los países de la Unión Europea existe el mismo problema?
Italia fue el primer país europeo que reguló el sector, en concreto en el año 2016. En su ley pionera define la cerveza artesana en tres características principales:
- Como aquella que es producida por pequeñas fabricas independientes, las cuales deben de ser legalmente y económicamente independientes de cualquier otra fábrica de cerveza, como también deben utilizar instalaciones separadas de otra cervecera.
- La protección en la calidad del producto, prohibiendo procesos cómo la micro-filtración y la pasteurización.
- La producción anual no debe superar los 200.000 hl.
Como se puede comprobar, la legislación española queda muy lejos de esta regulación actual de Italia.
Otro de los países europeos que ha obtenido grandes avances en la legislación es nuestro país vecino, Francia. Gracias a asociaciones potentes como el Sydicat National des Brasseurs Indépendents (SNBI), los cerveceros artesanales franceses han conseguido una mayor transparencia en el origen de las cervezas. A partir de ahora, será obligado que en el etiquetado el nombre y dirección del productor de cerveza se muestre de manera predominante. Esto evitará confusiones por parte del consumidor sobre el origen de la cerveza.
Imagen oficial del Sindicato francés
El SNBI está formado por más de 500 cerveceros artesanales de toda Francia. Esto muestra que la organización e unión de los mismos ha permitido avances importantes para la defensa de los derechos e intereses de los cerveceros, sin formar parte ni estar supeditados por las asociaciones cerveceras de las grandes industrias. Un largo camino que España todavía debe recorrer.
La regulación del sector hace años que se viene reivindicando por parte de los pequeños cerveceros pero con la crisis del Coronavirus hace falta más que nunca.