El batiburrillo legislativo de la cerveza artesana
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En estos últimos días hemos conocido cómo la Región de Murcia, con buen criterio, ha reconocido el oficio de cervecero artesano. Este se suma a otros 103 oficios que esta comunidad ya tenía regulados en su Repertorio de Artesanía Regional. A partir de ahora las cerveceras artesanales que lo deseen podrán inscribirse en el Registro Artesano de este territorio.
Para poder formar parte de él se tienen que cumplir una serie de requisitos como por ejemplo que la elaboración de la cerveza “debe realizarse mediante un proceso en el que la intervención personal constituye un factor predominante, basado en técnicas manuales, ya sean tradicionales o innovadoras, que modifiquen sustancialmente las materias primas y que dé como resultado un producto final individualizado que no se acomoda a la producción industrial mecanizada o en grandes series”.
Murcia no es la única comunidad autónoma que ha reconocido oficialmente este oficio, anteriormente ya lo habían hecho la Comunidad Valenciana y La Rioja. Un paso importante porque dignifica el trabajo de los y las artesanas que se esfuerzan en elaborar un producto de calidad y arraigado en el territorio. Aunque esta regulación de las comunidades no deja de ser meramente simbólica, puesto que carece de fuerza suficiente en la protección de estos artesanos enfrente de las industriales.
Esto significa que estas regiones pueden promocionar aquellos oficios y productos artesanales que figuren en su Registro, pero en ningún caso tienen las competencias para prohibir que en las estanterías de los supermercados y en los grifos de los bares, de estas comunidades, puedan haber cervezas industriales que en sus etiquetas pongan que son hechas de manera artesanal.
En definitiva, un batiburrillo legislativo que cuesta comprender, porque estas comunidades autónomas tienen leyes específicas de artesanía pero en realidad solo es el Gobierno de España quien tiene las herramientas jurídicas para poder regular la cerveza artesana. De hecho, en este magazine ya hemos abordado otras veces la falta de regulación que existe en nuestro país y que desproteje el pequeño productor de cerveza artesana, permitiendo a las industriales poder confundir al consumidor utilizando la palabra artesanal en productos que se han hecho de manera industrial.
Eso no significa que lo que ha hecho la Región de Murcia, como otros territorios, no sea importante ni un avance considerable. Lo es. Hablar de oficio le da un peso significativo al cervecero artesano. Realmente muchas veces el debate en torno a la etiqueta artesanal viene marcado por la cantidad de litros que se elaboran pero pocas veces escuchamos que un factor claramente diferenciador entre industrial y artesanal es el oficio que hay detrás.
En las fábricas de cerveza artesana no encontrarás una cadena de montaje al estilo de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde la máquina prevalece al ser humano, y este está condenado a movimientos cíclicos que imponen las máquinas. Si uno visita cualquier fábrica de cerveza artesana verá que el mismo maestro o maestra cervecera, que es quien diseña la receta, también es el encargado de todo el proceso de elaboración y que no se le caen los anillos para embotellar, etiquetar o limpiar el espacio… Una realidad muy distinta a la que se vive en una fábrica industrial, donde existe un organigrama muy piramidal y donde no se forma a las personas en sus 360 grados, impidiendo sacar todo su potencial, sino que el objetivo es producir cuanto más en menos tiempo.
El paso que ha hecho Murcia estos últimos días nos recuerda que hace falta urgentemente volver a abordar la regulación de la cerveza artesana en España. Que este paso sirva para volver a poner en la agenda de todos la necesidad de exigir una legislación clara, que no confunda al consumidor y que proteja realmente a los artesanos. Depende solo de nuestra voluntad.